La nueva norma legal, que entra en vigor mañana mismo, supone la modificación de la vigente Ley de Propiedad Intelectual para ampliar los supuestos en que no es necesaria la autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de obras ya divulgadas que se realicen en beneficio de personas con discapacidad.

 

A partir de este cambio legal, derivado del Tratado de Marrakech, que la Unión Europea firmó y ratificó, convirtiéndolo en directivas europeas, “en aquellos supuestos especiales que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra, y que no perjudiquen en exceso los intereses legítimos del titular del derecho, las entidades autorizadas establecidas en España que produzcan ejemplares en formato accesible de obras para uso exclusivo de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos” podrán llevar a cabo los actos de reproducción, distribución y comunicación pública “para uso exclusivo de dichos beneficiarios o de una entidad autorizada establecida en cualquier Estado miembro de la Unión Europea”.

 

En la elaboración de este Real Decreto-ley ha participado activamente mediante consultas el sector social de la discapacidad articulado en torno al CERMI, y en especial la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que ha encabezado este diálogo con el Gobierno a través de ministerio de Educación, Cultura y Deporte para que la transposición de las directivas se hiciera en los mejores términos para las personas con discapacidad visual y su entidad representativa.